El incumplimiento y aplicación de la ley “De Administración de Bienes Comisados e Incautados” por parte de fiscales y jueces, especialmente de los departamentos de Alto Paraná y Amambay y Canindeyú fue objeto de análisis en la Corte Suprema de Justicia, a iniciativa del presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Fernando Silva Facetti.
El encuentro, del que también participaron el titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, los ministros de la Corte Eugenio Giménez (presidente) y María Carolina Llanes, y el Fiscal de lucha contra el narcotráfico, Marcos Alvares, analizaron el incumplimiento de la normativa.
Antecedentes:
Este encuentro surgió a raíz de una reunión mantenida entre el senador Fernando Silva Facetti y el Ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Dr. Arnaldo Giuzzio, el pasado 31 de julio del corriente año, donde han conversado sobre diferentes temas que guardan relación con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en general, como así también al destino de los bienes incautados en el marco de las investigaciones y de los proceso abiertos por la comisión de estos hechos punibles.
Al respecto, en la ocasión el Ministro había manifestado su preocupación por la falta de aplicación y cumplimiento de la ley 5.876/17, por parte de algunos jueces y fiscales, en lo que respecta al destino, administración y guarda de los bienes incautados que deben pasar bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), creado para ese efecto.
Así también, según datos extraoficiales de la SENABICO indican que de un total aproximado de 300 fiscales en todo el país, solamente con 10 de ellos se viene trabajando en forma coordinada con respecto a que los bienes puedan pasar bajo la administración de esta institución, una vez incautadas.
Sobre este punto los señores ministros de la Corte han demostrado una muy buena predisposición, y manifestaron que realizarán talleres de capacitación a jueces para el efectivo cumplimiento de la ley, dando una importancia especial para las jurisdicciones del interior del país y zonas fronterizas.
También se tocaron otros puntos sobre la seguridad en las penitenciarías del país, en lo que respecta a la presencia de grupos criminales como el PCC, Clan Rotela y otros.
La intención de esta reunión fue justamente coordinar las acciones entre las autoridades e instituciones a fin de buscarle solución a esta problemática que afecta el correcto y efectivo cumplimiento de la ley.
