Finalmente, la Corte Suprema de Justicia confirmó que las Declaraciones Juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos deben ser de acceso público para toda la ciudadanía.
Se trata de la resolución en base a la acción de inconstitucionalidad planteada por la contraloría General de la República, que pretende evitar dar cumplimiento a las sentencias que obligan a publicar las declaraciones juradas de las altas autoridades.
