La Comisión de Derechos Humanos de Diputados brindó dictamen de aprobación para el proyecto de ley “Que aprueba el acuerdo entre la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia para fortalecer la lucha contra la trata de personas y delitos conexos”.
Este documento fue firmado en la ciudad de La Paz, el 12 de junio de 2019; y su principal objetivo es generar acciones de cooperación y coordinación entre las partes, a fin de combatir la trata de personas y delitos conexos, a través de mecanismos de prevención, protección, asistencia, persecución penal y la reintegración de las víctimas.
Mediante el citado instrumento, las partes pretenden estrechar la cooperación entre entidades estatales, organismos no gubernamentales y sociedad civil, y desalentar la oferta y demanda de personas con fines de explotación.
La diputada Esmérita Sánchez, titular de la Comisión dijo que, conscientes de la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, destinados a asegurar el respeto de la dignidad humana y las obligaciones presentes en los marcos constitucionales y legales, como también en los convenios internacionales e instrumentos regionales, brindan total respaldo a la aprobación del proyecto.
El escrito indica que las entidades responsables serán integrantes de una mesa interinstitucional para la prevención y combate de la trata de personas; mientras que por el país vecino, serán miembros de un consejo plurinacional contra la trata y tráfico de personas.
Ambas organizaciones coordinarán temas como la prevención; sanción penal; protección; reintegración; y repatriación de víctimas.
La titular del bloque agregó que la aprobación del acuerdo constituirá un importante avance.
Recordó que esto se circunscribe dentro de los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, las leyes y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; derechos del niño; la sanción y erradicación de toda violencia contra la mujer, etc.
Igualmente, se desprende de la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, aprobada por Ley 2.298/2003; y su protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente, mujeres y niños, aprobado por Ley 2.396/2004. Fuente: Diputados
