La agente fiscal Cinthia Leiva Cardozo, formuló imputación contra un comerciante por una supuesta estafa de más de 340 millones de guaraníes en perjuicio del propietario de una empresa constructora.
El imputado, de 70 años, enfrenta cargos por el supuesto hecho punible contra el patrimonio (estafa) y quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías n.º 3.
Según la investigación fiscal, el sindicado habría adquirido materiales de construcción por un valor total de 347 millones de guaraníes a la empresa Constructora San Antonio S.R.L., ubicada en el km 10,5 de Ciudad del Este. Para el pago emitió doce cheques diferidos provenientes de distintas cuentas bancarias, que posteriormente fueron rechazados al ser presentados a los bancos por encontrarse inhabilitadas para operar.
Según la denuncia y las pruebas reunidas, el ahora procesado entregó estos instrumentos de pago a sabiendas de que sus cuentas no contaban con fondos suficientes, ocasionando un perjuicio patrimonial millonario a la víctima. Además, comunicó el supuesto extravío de los cheques tras concluir las negociaciones, configurando así un presunto sistema de estafa.
En el marco de la investigación del caso, el Ministerio Público llevó a cabo diversas diligencias, recopiló testimonios y solicitó informes bancarios que confirmaron la irregularidad en la emisión de los cheques. Por lo tanto, la agente fiscal Cinthia Leiva resolvió iniciar el proceso penal contra el presunto responsable del hecho, fundamentando la imputación en la existencia de indicios suficientes para sostener que el imputado actuó con dolo, premeditando el perjuicio económico a la víctima mediante la entrega de cheques inválidos.
Asimismo, la representación pública solicitó la aplicación de medidas cautelares bajo reglas de conducta estrictas, descartando por ahora la prisión preventiva, dada la comparecencia del imputado durante la investigación.
Los requisitos exigidos por el Ministerio Público para la aplicación de estas medidas incluyen, fijación de domicilio exacto, prohibición de salir del país, prestación de una caución personal o real adecuada, y cualquier otra condición que el juez considere compatible con la naturaleza del caso.
