La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público y la querella adhesiva cerraron sus alegatos finales solicitando penas privativas de libertad de tres y seis años de cárcel, respectivamente, para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Carolina Rosa Irún Ayala. Ambas representaciones ratificaron la acusación por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato.
Durante la exposición de sus peticiones ante el Tribunal de Sentencia, los agentes fiscales Christian Benítez y Silvia González sostuvieron que la conducta de la procesada se encuadra en la figura penal citada, por lo que requirieron la sanción de tres años de prisión. Por su parte, el abogado Francisco de Vargas, en representación de la querellante Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, solicitó la imposición de seis años de cárcel.
El punto determinante expuesto por las partes acusadoras radico en la falta de competencia administrativa y legal de la exjueza al momento de emitir la Sentencia Definitiva Nº 494 el 23 de noviembre de 2018. Según las instrumentales producidas en el debate oral, Irún se hallaba en usufructo de su permiso legal de maternidad y no contaba con la resolución de la Corte Suprema de Justicia que autorizara la finalización de su reposo para reincorporarse a sus funciones.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público y la querella, la interrupción del permiso obedeció al propósito de suscribir la resolución que dispuso la cesión de 310.000 hectáreas en la zona de protección del departamento de Alto Paraguay. La acusación remarcó que el fallo benefició a las firmas extranjeras Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments, que calificarían como sociedades de maletín, omitiendo los controles sobre los estatutos y la nacionalidad de sus accionistas, en contravención con los artículos 2, 4 y 8 de la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza.
Como sustento de la postura acusatoria, se recordó el juzgamiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que derivó en la destitución de la procesada por mal desempeño en sus funciones. Dicha resolución citó los fundamentos del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, quien concluyó que la exjueza carecía de competencia en la fecha del dictado del fallo, postura que fue posteriormente ratificada por el pleno del máximo tribunal.
El Tribunal de Sentencia, integrado por las magistradas Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y el juez Juan Francisco Ortiz, estableció la continuidad de la audiencia pública para el próximo martes 11 de agosto a las 13:00, oportunidad en que se desarrollarán las réplicas y dúplicas procesales antes del ingreso a la etapa de deliberación.
