La Corte Suprema de Justicia resolvió dejar fuera de su cargo al juez Penal de Garantías N° 10 de Asunción, Mirko Oscar Valinotti Galeano. La máxima instancia judicial designó en su reemplazo al abogado Marcelo Saldívar, quien se desempeña actualmente como agente fiscal. La confirmación del magistrado saliente fue propuesta por el ministro Gustavo Santander, mientras que la nominación del nuevo titular del juzgado fue impulsada por la ministra Carolina Llanes.
Últimamente la gestión del exjuez Valinotti recibió cuestionamientos por resoluciones dictadas contra miembros de la Asociación Espíritu. Estas determinaciones se dieron en el marco de litigios vinculados a unas 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco, valuadas en aproximadamente USD 500 millones, que se encuentran protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
El caso guarda relación con el expediente judicial caratulado “Cusabo Limited y otros s/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ Cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”. En dicho proceso, cuatro empresas offshore radicadas en paraísos fiscales reclaman las tierras mencionada. Por este conflicto, en el año 2018 la exjueza Tania Irún fue imputada por presunto prevaricato luego de ser expulsada de la magistratura por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) tras firmar una resolución de cesión de las tierras
La actuación de Valinotti, no confirmado, se centró en una causa penal por presunta frustración de la ejecución individual, promovida por el abogado Esteban Sarubbi. La denuncia se vincula a una supuesta transferencia de inmuebles de la Asociación a favor de su abogada patrocinante, en un litigio por regulación de honorarios. Según el denunciante, los directivos transfirieron las tierras para evitar el pago.
La defensa alega que dichas daciones en pago fueron anteriores al inicio del juicio de regulación y constituyeron actos lícitos, descartando la existencia de dolo. El abogado Francisco de Vargas señaló que, según la Dirección de Catastro, la organización religiosa posee 38 inmuebles con más de 230.000 hectáreas y no pesa sobre ella ninguna prohibición de innovar.
En este contexto, la fiscal María Angélica Insaurralde imputó a varios directivo de la iglesia y a su representante legal. Ante esto, la defensa presentó incidentes de nulidad ante el juez Valinotti, quien rechazó los planteamientos. El abogado Gerardo Galeano Guerrero mencionó que el entonces juez no tuvo en cuenta los elementos que mostraban la inexistencia del hecho punible.
Por su parte, el abogado Ricardo Estigarribia alegó en un incidente de nulidad que se vulneró el derecho a la defensa material, debido a que su representada fue imputada sin antes haber sido citada a prestar declaración indagatoria ante la Fiscalía. Sostuvo que la imputación carecía de los requisitos formales mínimos establecidos en el Código Procesal Penal.
El caso también es analizado en otras instancias. En febrero de este año, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) determinó analizar la actuación de la agente fiscal María Angélica Insaurralde para decidir si amerita una investigación preliminar o un enjuiciamiento de oficio por la cuestionada imputación a los directivos.
