La Cámara de Diputados se ratificó en su versión original del proyecto de ley que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia para elevar de 8 a 10 años la pena máxima de privación de libertad para adolescentes responsables de hechos punibles considerados crímenes. La iniciativa volvió a cobrar fuerza tras el asesinato de María Fernanda, presuntamente cometido por un menor de edad, caso que reabrió el debate sobre la responsabilidad penal juvenil y la necesidad de endurecer las sanciones para delitos graves.
La presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, Dalia Estigarribia, defendió la propuesta argumentando que el Estado debe dar una respuesta firme ante hechos de extrema gravedad sin renunciar al carácter educativo y de reinserción que rige el sistema penal adolescente. Según explicó, el objetivo es establecer consecuencias más proporcionales para los casos con agravantes, al tiempo de garantizar procesos de acompañamiento, evaluación y rehabilitación de los jóvenes infractores.
Actualmente, la legislación vigente fija un máximo de ocho años de privación de libertad para adolescentes que cometan crímenes. Mientras el Senado aprobó una versión que eleva ese límite a 15 años, Diputados insiste en establecer un tope de 10 años. Los impulsores de la iniciativa sostienen que existe una creciente percepción ciudadana de desproporción entre la gravedad de ciertos delitos y las penas aplicadas, además de advertir sobre factores sociales y familiares que contribuyen al aumento de la criminalidad adolescente.
