El Ministerio Público y la querella adhesiva afirman que la exmagistrada actuó con dolo al reincorporarse de su permiso de maternidad para firmar un fallo que adjudicó 310.000 hectáreas en zona de seguridad.
El Tribunal de Sentencia dio inicio este martes al juicio oral y público contra la exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital, Tania Carolina Irún Ayala, quien se encuentra acusada por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato. La causa analiza la actuación de la exmagistrada tras haber dictado en el año 2018 una resolución judicial que otorgó 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco, protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, a favor de firmas extranjeras en un litigio contra la Asociación Espíritu Santo.
El juzgamiento se encuentra a cargo de los jueces penales Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortíz, mientras que la representación del Ministerio Público está ejercida por los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Silvia González. Durante el arranque de la jornada, la querella adhesiva promovió incidentes de inclusión probatoria con el propósito de incorporar dos documentos al debate.
En la exposición de los alegatos iniciales, los representantes de la Fiscalía sostuvieron que la exjueza inobservó los preceptos de la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay. La representación fiscal argumentó que la procesada no verificó la nacionalidad de los accionistas de las sociedades beneficiadas para descartar que pertenezcan a países limítrofes, como tampoco constató si el formato de las acciones correspondía a títulos nominativos no endosables, exigencia categórica de la legislación nacional.
»Por lo tanto, la jueza ha inobservado el requerimiento de la Ley 2532 al momento de decidir el juicio civil, dictando una resolución en contra del Estado paraguayo en lo que concierne a la conservación de su seguridad e integridad territorial», afirmó el fiscal Christian Benítez ante el Tribunal.
En declaraciones a los medios de comunicación al término de la audiencia, el agente fiscal remarcó que el Ministerio Público se encuentra en condiciones de probar la acusación penal a lo largo del debate oral.
«Se podrá demostrar a lo largo del juicio que todas las pruebas conducen justamente a la emisión de una resolución judicial arbitraria e ilegal y que por ende se va a suscitar eventualmente la condena a la exmagistrada», dijo el fiscal a los medios de prensa.
Asimismo, el representante del Ministerio Público recordó que la exmagistrada fue destituida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con los votos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Dejesús Ramírez Candia, decisión que posteriormente fue ratificada por el pleno del máximo tribunal.
Finalmente, la representación fiscal enfatizó la existencia de dolo en la conducta de la procesada, citando la interrupción de su fuero maternal para el dictado del fallo cuestionado.
«Mencionamos esta circunstancia que es llamativa y notoria, que denota justamente dolo y eventuales intereses ocultos. El hecho de que la exmagistrada se encontraba con permiso de maternidad y decidió suspender su permiso para venir a firmar una resolución judicial cuando tenía un interino para emitir esa resolución», concluyó el fiscal.
