Argumentan que fueron dejadas de lado por la Fiscalía y que las donaciones a caridad de los exujieres Alfredo Benítez y Audrey Galeano no reparan el despojo patrimonial que sufrieron a espaldas de la Justicia.
Este miércoles víctimas de la mafia de los pagarés se presentaron en el Poder Judicial con la urgencia de detener un acuerdo que consideran inaceptable y presentaron un escrito ante el juez especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. Exigen formalmente su intervención en la audiencia preliminar en calidad de víctimas directas del proceso en la que están imputados los exujieres notificadores Alfredo René Benítez Cabrera y Audrey Jazmín Galeano Mora, junto con la jueza Carmen Analía Cibils Miñarro.
Reclaman que el Ministerio Público pretende promover la suspensión condicional del procedimiento a favor de los exujieres procesados por prevaricato y producción de documentos de contenido falso. La salida propuesta contempla una reparación social consistente en donaciones a un hogar de beneficencia que el juzgado disponga, sin contemplar el resarcimiento a quienes sufrieron embargos por las notificaciones no realizadas.
Según el relato fiscal, los ujieres implicados asentaron en actas oficiales haber entregado notificaciones que no se practicaron. Con la certificación del actuario y el dictado de resoluciones del Juzgado de Paz de La Encarnación, se dio por reconocida la firma de los demandados en pagarés de empresas de cobranzas.
«El proceso era llevado a espaldas de los comparecientes», señaló el documento presentado ante el Juzgado. Las víctimas manifestaron que se las privó de la defensa en juicio consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, aplicándoles la ficción legal de rebeldía que derivó en embargos sobre sus bienes.
OPOSICIÓN. Los afectados remarcaron que el artículo 21 del Código Procesal Penal exige que la suspensión proceda solo si el imputado repara el daño u ofrece un acuerdo a la víctima. Señalaron una contradicción en que la Fiscalía admita que la maniobra perjudicó a los deudores y al mismo tiempo los deje fuera de la negociación.
«No puede sostenerse el prevaricato por favorecimiento a una parte sin reconocer el perjuicio a la parte contraria, que somos nosotros», expresa el escrito firmado por los solicitantes.
En la parte conclusiva, las víctimas de la mafia de los pagarés demandaron el reconocimiento como víctimas dentro del expediente, la suspensión de la homologación hasta ser convocados a la audiencia preliminar y la fijación de una reparación basada en el daño material sufrido. Finalmente, formularon reserva de interponer los recursos procesales correspondientes en caso de que el Juzgado otorgue el beneficio a los imputados sin convocar a las partes afectadas.
