El Tribunal de Sentencia define este jueves el futuro judicial del exsenador Hernán Rivas, acusado por la producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía sostiene que durante el juicio quedó acreditado que el título de abogado presentado por el exlegislador no se correspondía con una trayectoria académica real.
El juicio oral contra Hernán Rivas llega este jueves a una jornada decisiva. El Tribunal de Sentencia, integrado por María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, deberá deliberar y dar a conocer su decisión luego de los alegatos finales de la defensa, a cargo de la abogada Alba Zaracho. La audiencia está prevista para las 09:30 y, una vez concluida la exposición de la defensa y eventualmente una réplica de la Fiscalía, los magistrados pasarán a deliberar.
El Ministerio Público solicitó una condena de 12 años de pena privativa de libertad. Las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero, junto con el fiscal Christian Benítez, sostuvieron que las pruebas producidas durante el debate demostraron que la trayectoria universitaria consignada en el certificado de estudios y el título de Rivas “carece de correspondencia con una historia académica real, coherente y verificable”. Para la Fiscalía, esos documentos fueron utilizados para acreditar oficialmente una condición profesional que, según su acusación, no existía.
Durante sus alegatos, los fiscales también remarcaron que el supuesto título permitió a Rivas obtener el registro ante el Ministerio de Educación y posteriormente desempeñarse como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), institución que llegó a presidir. El fiscal Benítez explicó que, para fundamentar los 12 años solicitados, la Fiscalía aplicó las reglas del concurso de hechos punibles y evaluó diez parámetros para la determinación de la pena, de los cuales ocho fueron considerados desfavorables para el acusado.
La Fiscalía también pidió que se remitan antecedentes respecto de testimonios que consideró sospechosos de exdirectivos y exdocentes de la Universidad Sudamericana, además de una funcionaria del MEC, por hechos que podrían eventualmente ser investigados. La defensa tendrá ahora la última palabra antes de que el Tribunal determine si corresponde una condena o una absolución. La decisión pondrá fin a una de las causas judiciales de mayor repercusión vinculadas al exsenador colorado.
