La decision fue tomada durante una reunión interinstitucional realizada en sede del Poder Judicial, donde fue debatida y consensuada la decisión de dejar sin efecto el protocolo actual que se utiliza en los procedimientos de desalojo de inmuebles invadidos, debido a que anteriormente se establecían procesos y grados que impedían que las normas sean aplicadas de manera inmediata.
La medida obedece a la necesidad de brindar garantías al propietario de una propiedad privada, amparado por la Constitución Nacional y las Leyes.
“Hemos discutido plena y ampliamente sobre las normas y procedimientos de origen no legislativo que bloquean, inmovilizan y retardan innecesariamente el accionar de los organismos del Estado que tienen como finalidad preservar los derechos de la gente”, explicó en este sentido el ministro Juan Ernesto Villamayor.
Sostuvo que, en consecuencia, se resolvió volver al imperio exclusivo de la Ley, trabajando todas las instituciones competentes en conjunto, para que la Ley sea aplicada y así preservar los derechos ciudadanos.
“Esto implica analizar, cosa que hemos hecho, la existencia (actual) de un protocolo que creaba normas procesales suplementarias no previstas en la norma de fondo, con lo que hemos decidido avanzar en este momento y en dejar sin efecto el protocolo que regula los procedimientos que guardan relación con la expulsión de invasores de propiedades privadas”, señaló el secretario de estado.
De este modo, las instituciones asumieron el compromiso de aplicar la Constitución Nacional y las Leyes, dentro del orden de prelación que establece la Carta Magna.
