En la víspera se realizó un conversatorio en la Cámara de Diputados donde se abordó la ejecución de la Ley 6.628 de Arancel Cero en la Educación Superior. Participaron la diputada Kattya González, varios decanos y rectores de todas las universidades públicas del país, así como representantes del Ministerio de Hacienda y jóvenes universitarios.
La convocatoria estuvo a cargo del Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad y del exdirigente universitario Raúl Benítez. En dicho encuentro, varios decanos coincidieron en la falta de ejecución total del presupuesto designado a las universidades y a los institutos dependientes del Ministerio de Educación y Salud y que afecta gravemente en la calidad educativa, infraestructura e insumos.
“Hoy el joven de 18 años que esté terminando el colegio y quiere estudiar en la universidad o en un instituto dependiente del Ministerio de Educación o de Salud, tiene que preocuparse primero en cómo pagar el curso de admisión, porque algunas facultades ya no brindan estas clases debido a la falta de recursos, por eso La intención de hoy es clarificar los puntos débiles de la Ley, para buscar soluciones en la brevedad posible” sostuvo el exdirigente universitario Raúl Benítez.
Asimismo, la diputada Kattya González, Presidenta del Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad que “Fue una exitosa reunión con estudiantes y decanos de las distintas universidades nacionales, para analizar la situación actual de la Ley de Arancel Cero. El fortalecimiento de la democracia, desde el diálogo permanente, es una de las prioridades del Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, y seguiremos en ese camino, con más reuniones”, declaró.
Por su parte, la Dra. Viviana Ríos, Decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción lamentó que el año pasado la facultad operó apenas con el 19% del presupuesto inicial lo que produjo la imposibilidad de abonar por el servicio de energía eléctrica. “¿Cómo podemos hablar de excelencia si ni siquiera podemos conectarnos a internet? Nuestro presupuesto para infraestructura es cero. Nosotros no tenemos los recursos ni los rubros para construir, nuestros estudiantes están bajo árboles. Nos están matando, a las universidades públicas están matando ahora mismo. Evidentemente no es prioridad para este país la educación, y menos la educación superior”, sostuvo.
Mientras que la Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa, señaló que se debe hablar de un conjunto de políticas públicas que permitan mejorar el marco de la ley. “El no pagar el arancel es solo un punto, pero hay que contar con transporte público, movilidad, residencias, y otros aspectos que hacen al bienestar del estudiante”, precisó.
Cierre de cursillos
Igualmente, la Ing. Silvia Leiva, Decana de la Facultad Politécnica de la UNA, expresó que debido al bajo presupuesto las facultades cerraron los cursos de admisión y los “cursillos privados ponen el precio que quieren, antes ese precio estaba regulado porque la universidad pública ponía a disposición. Nosotros tenemos 95% de estudiantes egresados de colegios públicos y subvencionados, la mitad puede pagar el arancel, pero la ley no nos permite, volvamos a estudiar la ley”, señaló.
Propuestas
Por otro lado, el Dr. Daniel González Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas expresó que está a favor de la ley y planteó dos propuestas: “la primera, al ver que los recursos cubren la mitad del presupuesto aproximadamente, es sincerar el presupuesto 2023. Para eso, designemos el porcentaje que el FONACIDE va a poder cubrir realmente en manos de los fondos del FONACIDE, y busquemos alternativas de financiamiento para el porcentaje restante, que deberían ser fondos generados por los recursos tributarios, ya que la educación es fundamental, algo que se ve en todos los países que salieron adelante.
La segunda, como medida paliativa: priorizar la ejecución para las universidades nacionales en el 100% del plan financiero aprobado”, sentenció.
“Los recursos del FONACIDE están sufriendo un descenso” dijeron desde Hacienda
Claudio Vázquez, Director del Tesoro del Ministerio de Hacienda, señaló que desde el 2018 hay un descenso de casi el 47%. Las universidades se quejan porque reciben menos de lo que está presupuestado. Itaipú tiene informes de que este descenso en los ingresos percibidos a través de las compensaciones (de ahí sale lo que se destina posteriormente a la gratuidad en la educación superior) se debe a los fenómenos climatológicos que afectan directamente al caudal hídrico del río Paraná. Los recursos del FONACIDE son insuficientes para cubrir con las necesidades que tienen las universidades y otros beneficiarios”, explicó.
“Faltan rubros” dijeron desde Itaipú
El Ing. Gerardo Soria, representante de la Itaipú Binacional dependiente de la Dirección de Responsabilidad Social de Becas señaló que Faltan rubros aparte de los de Itaipú para cumplir con la demanda. “A pesar de que nosotros cumplamos en forma puntual en todo lo que aporta Itaipú, eso no basta para cubrir el presupuesto”, expresó.
La UNA
Por su parte, el Dr. Miguel Torres Vicerrector de la UNA, informó que la casa de estudios percibía Gs. 125.791.313.474 en concepto de aranceles (base aranceles 2020) y el Congreso mediante la nueva ley, asigna en 2021 un presupuesto de Gs. 60.791.506.756, lo que supone una reducción del 51% en términos de ingresos y que además de esto, solo recibieron el 65% del presupuesto que les fue asignado (Gs. 39.320.606.416). Mientras que en el 2022, el presupuesto asignado fue de Gs. 76.273.915.144, del cual recibieron (hasta la fecha) Gs. 29.867.734.878 (solo el 36%).
“Mantener la calidad en estas condiciones es muy difícil”. Los planes de mejora que vienen a raíz de las evaluaciones externas, son muy difíciles de aplicar.
Además, estima que los fondos percibidos por FONACIDE serán cada vez menores”, concluyó.
