El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, imputó a su colega, la agente fiscal de San Lorenzo Ana Girala López, así como a su asistente Christi Magalí Ortega Domínguez, la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz. Igualmente fueron imputados, el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza por la supuesta comisión de los hechos punibles de Cohecho Pasivo Agravado, Soborno Agravado y Asociación Criminal.
En la misma causa, fueron imputadas Liz Elena Martínez Robles, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Griselda Beatríz Acha Alcaraz, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Tráfico de Influencias y Cohecho Pasivo Agravado.
Legal recibió una denuncia de un hombre a quien habrían solicitado una suma de dinero a cambio de una salida procesal para su hijo procesado por homicidio doloso. De acuerdo a la imputación se trata de un pedido de G. 25.000.000 y posteriormente G. 7.000.000 que debía cumplir una vez realizada la audiencia preliminar.
La causa penal se encuentra en su etapa preparatoria y de dichas diligencias han surgido elementos de sospecha respecto a la participación de la agente fiscal, su asistente y secretaria en los hechos investigados. El Ministerio Público ha practicado diligencias que denotarían que los hechos imputados en fecha 17 de febrero de 2.023, no serían los únicos que tengan relevancia penal y que además de las ya imputadas, existirían otros participantes, cuyas conductas habrían lesionado varias leyes penales.
La fiscal Girala López, presuntamente habría recibido constantes reportes por parte de la secretaria fiscal Griselda Acha, quién a su vez, era comunicada del estado de las tratativas con los procesados Derlis Garcia y Richard Hermosilla, por parte de la abogada Liz Martínez. De esa manera, la agente fiscal habría tenido la posibilidad de manejar la situación y ajustar detalles en torno al monto de las sumas de dinero que pactaría, acorde a cómo iban avanzando las tratativas encomendadas a la abogada Liz Martínez.
La agente fiscal habría recibido reportes por parte de la secretaria fiscal Acha respecto a la posibilidad de “cerrar” el trato con Richard Hermosilla pero que la abogada Liz Martínez necesitaba saber la salida que le daría en la audiencia preliminar y ante ello, la mencionada agente fiscal se habría comprometido en ese caso a un “procedimiento abreviado” para ambos procesados a su cargo.
La agente fiscal se habría encargado de instruir a las funcionarias sobre cómo debían proceder con los abogados, víctimas o procesados, las dirigía de manera a que atiendan que no sean descubiertas y que no corran peligros los planes de “recaudaciones” que ponían en marcha.
Entre las tres funcionarias se llegaba al acuerdo acerca de las peticiones que realizarían para “beneficiar” a los usuarios del sistema judicial de manera indistinta en algunos casos y en otros de manera conjunta o paralela, habrían procedido a comunicarse con los abogados de su confianza en algunas oportunidades y en otras, de manera directa con las víctimas o procesados, para solicitar y aceptar los “beneficios indebidos” que acordaron entre las tres.
