Durante la reunión de la mesa directiva de la cámara de Diputados, el Dr. Augusto Paiva, de la Contraloría General de la República solicitó a los legisladores de la cámara baja el estudio del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 30 de la Ley N° 879/81, Código de Organización Judicial”.
La normativa, presentada por los legisladores Jorge Ávalos Mariño, Edgar Acosta, y el titular de la Cámara Baja, Carlos María López, busca que el órgano de control por naturaleza, que es la Contraloría General de la República (CGR), pueda cumplir, acabadamente, con la verificación de las actividades económicas y financieras del Estado, de los gobiernos departamentales y municipales, así como lo establece la Constitución Nacional.
Recordemos que actualmente, la CGR no puede cumplir esta función constitucional en algunas instituciones y entidades públicas, ya que éstas tienen ganada una inconstitucionalidad, que permite al Tribunal de Cuentas recibir sus respectivas rendiciones de cuentas.
“Le solicitamos a la Mesa Directiva, el tratamiento del proyecto de modificación del Código de Organización Judicial; la Contraloría tiene un rango constitucional, es una institución de carácter técnico, de control y fiscalización; nosotros no somos jueces, como lo es el Tribunal de Cuentas. Estamos hablando de un órgano eminentemente jurisdiccional”, señaló el subcontralor, Augusto Paiva.
Recordemos que la normativa tiene dictamen de la Comisión de Legislación y Codificación, que recomendó la aprobación sin modificaciones.
Los proyectistas enfatizaron en la necesidad de aprobar un instrumento legal para que la Contraloría General de la República, pueda cumplir, acabadamente, con la verificación de las actividades económicas y financieras del Estado de los gobiernos departamentales y municipales, así como lo establece la Constitución Nacional.
Al momento de su presentación, el diputado Avalos Mariño, uno de los proyectistas de dicha propuesta especificó que con la modificación pretendida, la CGR no tendrá ningún obstáculo para auditar las administraciones y el manejo de los recursos públicos en las instituciones estatales.
“El Tribunal de Cuentas ha servido para que las instituciones operen en impunidad; al remitir a esa instancia nunca hay resultado y hace que la Contraloría nunca pueda auditar; hay más de 100 instituciones en esa situación”, había dicho finalmente el diputado Avalos Mariño. Fuente: Diputados
