En su informe anual, correspondiente al 2024, Amnistia Internacional (AI) resalta que el Congreso Nacional rechazó el proyecto de ley que buscaba elevar el impuesto selectivo al tabaco y con ello hacer efectivo el derecho a la Salud. Además, insiste en que la inversión sanitaria sigue siendo menor a los 6% del PBI recomendada por la Organización Panamericana de la Salud.
“El gobierno no asignaba recursos suficientes al sistema público de salud, lo que menoscababa el derecho a la salud, sobre todo de los grupos que sufrían discriminación, como los pueblos indígenas y las mujeres transgénero. La inversión en salud pública se mantuvo en el 4% del producto interno bruto, cifra inferior al 6% recomendado por la Organización Panamericana de la Salud para lograr la cobertura universal” reza parte del informe sobre la Paraguay titulado “la situación de los derechos humanos en el mundo”.
Amnistia Internacional explica que debido a que no se aumentó la inversión en salud, los paraguayos tuvieron que pagar con sus propios recursos el 38,4% del importe total de la atención sanitaria.
“El gobierno no incrementó la progresividad fiscal ni fortaleció la sanidad primaria, por lo que las familias tuvieron que pagar con sus propios recursos el 38,4% del importe total de la atención sanitaria, uno de los porcentajes de gasto de bolsillo en salud más elevados de los países con un nivel similar de desarrollo” refiere el documento.
En su apartado sobre “Libertad de expresión, de asociación y de reunión”, la organización menciona la sanción de la ley que pretende controlar a las ONG’s.
“El Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley redactado de forma imprecisa que amenazaba la libertad de asociación y podría incrementar el control sobre las organizaciones de la sociedad civil y dar lugar a restricciones arbitrarias, incluida la suspensión de sus actividades.” dice.
Tambien incluyó la creación de la Comisión Bicameral de Investigación, bautizada por la oposición como “Comisión garrote”. Agrega que las reuniones fueron de caracter confidencial, hecho que causó preocupación en el organismo.
“En agosto se creó una comisión parlamentaria sobre el blanqueo de dinero con el mandato de investigar a las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Las audiencias tenían carácter confidencial, lo que suscitó preocupación por la transparencia de este nuevo mecanismo de control” expresa.
