Según publicaciones periodísticas y denuncias de funcionarios, la funcionaria habría recibido una licencia remunerada por dos años para realizar estudios en el exterior. El caso genera cuestionamientos debido a su vínculo familiar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Una licencia con goce de sueldo concedida a una relatora de la Corte Suprema de Justicia para cursar estudios en España es objeto de cuestionamientos, luego de que trascendieran publicaciones periodísticas sobre las condiciones en que fue otorgado el beneficio.
La funcionaria involucrada es Analía Carrillo Servín, relatora del Poder Judicial y esposa de Álvaro Joaquín Martínez León, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón.
De acuerdo con las publicaciones, Carrillo Servín supuestamente se encuentra realizando estudios en España desde hace aproximadamente dos años y, durante ese periodo, habría continuado percibiendo íntegramente sus remuneraciones en virtud de una licencia con goce de sueldo autorizada por la máxima instancia judicial.
Según datos del Ministerio de Economía, la funcionaria percibe una remuneración mensual de G. 11.160.000, lo que representa un costo anual aproximado de G. 150.800.000 para la institución, incluyendo el aguinaldo. Mientras permanece en el exterior, las funciones correspondientes a su cargo serían cubiertas por otros integrantes del plantel de relatores, conforme a los reportes periodísticos.
El matrimonio entre Analía Carrillo Servín y Álvaro Joaquín Martínez León fue celebrado a mediados de 2024, de acuerdo con publicaciones de las secciones sociales de medios de comunicación nacionales.
Las denuncias señalan que la funcionaria supuestamente obtuvo inicialmente una licencia remunerada por doce meses, autorizada por el pleno de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, esa autorización habría sido prorrogada por un periodo similar, permitiéndole extender su permanencia en el exterior con goce de haberes.
No es la primera vez que se debate la concesión de licencias remuneradas para capacitaciones prolongadas en el extranjero dentro del Poder Judicial. Según antecedentes publicados por distintos medios, este tipo de autorizaciones también habría sido concedido en administraciones anteriores a relatores y otros funcionarios judiciales, quienes pudieron ausentarse de sus funciones sin dejar de percibir sus salarios.
