La Fiscalía Penal imputó este martes a nueve funcionarios y exautoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), entre ellos los expresidentes Vicente Bataglia Araujo y Jorge Brítez Acosta, por el presunto hecho punible de lesión de confianza. La investigación se centra en supuestas irregularidades detectadas en el contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central, que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 61.000 millones a la previsional.
De acuerdo con la imputación presentada por el fiscal Julio Ortiz, la documentación remitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y el IPS revela que los procesados habrían firmado sucesivas adendas que extendieron plazos y aprobaron actas de recepción para permitir que la empresa Neighpart S.A. continuara percibiendo pagos, pese a que la ejecución del contrato era inviable por la falta de planificación y de adecuación de la infraestructura donde debían realizarse las obras. La Auditoría Interna del IPS también concluyó que las autoridades no suspendieron oportunamente el contrato y autorizaron pagos considerados injustificables.
Ante la gravedad de los hechos investigados, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva de los nueve imputados, argumentando riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación. Asimismo, requirió el embargo preventivo de sus bienes hasta cubrir el monto del presunto perjuicio de G. 61.000 millones. Además de Bataglia y Brítez, la imputación alcanza a otros altos funcionarios y exdirectivos del IPS que, según la Fiscalía, tenían la responsabilidad de resguardar el patrimonio de la institución y, presuntamente, favorecieron a la firma contratista mediante la firma de las adendas cuestionadas.
